La corrupción afecta de manera negativa no sólo el desarrollo económico y el combate a la pobreza, sino también la distribución del ingreso, la legitimidad del sistema político, la viabilidad del Estado, y el grado de criminalidad. Más aún, la corrupción puede ser vista como un “impuesto adicional” que termina por perjudicar más a aquellos con menos recursos. Por ejemplo, no es lo mismo pagar una “coima” o “mordida” de $20 dólares para alguien con ingresos relativamente altos, que para una persona de escasos recursos.
Adicionalmente, la ciudadanía en general sufre los efectos de la corrupción, pues ésta impacta la calidad de los distintos servicios públicos que ofrece el gobierno, como salud, educación, programas de apoyo social o la emisión de licencias y permisos, por mencionar algunos.
En la literatura especializada en materia de control de corrupción se enfoca el problema de la violación a las normas desde perspectivas distintas que, sin ser antagónicas, parecieran que se presentaran como tales. Es habitual que aún en las conversaciones más informales sobre los motivos por los cuales las personas se corrompen, unos digan que es un problema de falta de educación y/o de sanciones individuales ejemplares, otros hagan hincapié en la falta de sistemas adecuados de control y en la existencia de incentivos para corromperse (como bajos salarios, escaso control social).
Los países de América Latina y el Caribe continúan enfrentando retos importantes, a pesar de que han llevado a cabo distintos esfuerzos para fortalecer sus marcos jurídicos e institucionales para una mayor rendición de cuentas.
Algunas de las estrategias institucionales adoptadas son las campañas de concientización masivas, el fomento de la transparencia y acceso a la información, la implementación de herramientas preventivas (como los sistemas de compras públicas electrónicas, el control de conflictos de intereses y del patrimonio de los funcionarios públicos, o mecanismos de participación de la sociedad civil), el fortalecimiento de los órganos de control (como las Contralorías o Cámaras de Cuentas), o intentar mejorar la eficiencia del sistema penal (a través, por ejemplo, del endurecimiento de las sanciones por los delitos de corrupción, la creación de fiscalías especializadas, la apertura de canales de denuncia, los programas de protección de testigos y denunciantes).
Sin embargo, a pesar de de los esfuerzos mencionados anteriormente para combatir la corrupción, muchas personas siguen buscando la manera de darle la vuelta a las leyes y distintas reglamentaciones, con el principal objetivo de obtener un beneficio propio. Es por esta razón, que muchos han llegado a la conclusión de que el problema de la corrupción es no sólo un problema de crear los incentivos institucionales correctos, sino también un problema de cultura, falta de educación ciudadana y aceptación generalizada de prácticas al margen de la ley. Precisamente son estas personas quienes piensan que la mejor arma contra la corrupción es la educación. Siguiendo esta lógica, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en la región han realizado algunos esfuerzos para influir de algún modo en la educación y cultura cívica de los ciudadanos. Un ejemplo típico son las campañas publicitarias en las que, de distinta manera, se llama a la ciudadanía a crear conciencia sobre los problemas que implica la tolerancia a la corrupción, tanto de uno como de los demás.
A pesar de los beneficios e impacto que puedan tener las campañas publicitarias anti-corrupción, a largo plazo resulta indispensable instruir los valores ciudadanos de transparencia y honestidad desde que somos estudiantes. Esto implica que a través de la educación básica e intermedia se instruya a los jóvenes sobre lo que es la corrupción, sus distintas modalidades y consecuencias colectivas negativas para la convivencia y el desarrollo económico, político y social de sus comunidades.
La importancia de educar a los futuros ciudadanos en temas anti-corrupción se demuestra a través de los resultados de un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a 30,000 alumnos de 8vo grado en 6 países del continente (Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana). Este estudio, titulado “Permisividad de la corrupción: corrupción, valores democráticos y formación cívica entre los estudiantes secundarios en seis países latinoamericanos”, demostró que a mayor educación cívica hay menos permisividad de prácticas corruptas y menor tendencia a violar la ley.
Para que sea exitosa, esta tarea educativa de combate a la corrupción requiere de la generación de contenidos que sean fáciles de entender tanto por parte de los maestros que van a enseñar –quienes además de transmisores del conocimiento juegan un papel importante como modelos y ejemplo a seguir–, como de los alumnos que van a aprender. La corrupción debe enseñarse no como algo ajeno y complicado que solamente pasa en las esferas de la vida política, sino como algo que sucede en la vida cotidiana de las personas.
Por Nicolás Dassen y Alfredo González Briseño
Sector de Capacidad Institucional del Estado
Banco Interamericano de Desarrollo
transparency@iadb.org
